GOBIERNO DE PUERTO RICO
18va.   Asamble 3ra. Sesión Legislativa  Ordinaria


SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 950

  7 de mayo de 2018

Presentado por la señora Venegas Brown


Referido a la Comisión de Asuntos de la Mujer

LEY

Para establecer la “Ley para la protección de la mujer y la preservación de la vida” dentro de los procedimientos de aborto en Puerto Rico.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

      En el caso Pueblo v. Najul Bez[1], el Honorable Tribunal Supremo expone que “teniendo el aborto consecuencias físicas y emocionales en la paciente y pudiendo su consentimiento estar viciado por presiones externas que anulen su verdadero sentir sobre la operación a llevarse a cabo, es la responsabilidad del médico inquirir e informar a su paciente de las consecuencias del aborto. Solo mediante este diálogo entre el médico y la paciente es que se establece el verdadero consentimiento de la mujer para la realización del mismo”. 

     Ciertamente, mejor no puede estar expresado.

     En Puerto Rico gobierna la norma jurisprudencial del Tribunal Supremo de los Estados Unidos establecida en Roe v. Wade 1973[2], en donde se reconoció que el derecho a la intimidad de la mujer es suficientemente amplio como para incluir la decisión de la mujer para terminar su embarazo.  La norma aplicable al aborto ha dejado establecido “que en el primer trimestre de un embarazo la decisión sobre el aborto debe descansar en el mejor juicio clínico del médico a cargo, juicio que a su vez descansa sobre consideraciones de salud física o mental de la mujer embarazada[3].  

     Sin embargo, este derecho no es absoluto. En el mismo caso Roe v. Wade se estableció que ese derecho a la intimidad reconocido a la mujer, queda limitado por los legítimos intereses del Estado, los cuales son de distinta naturaleza en las varias etapas del embarazo. Entonces, este caso aclara que el Estado tiene unos intereses apremiantes, los cuales son: el de preservar y proteger la salud de la mujer encinta, y el de proteger la potencialidad de la vida humana. Ambos intereses son separados y distintos.  

     Por tanto, el Tribunal Supremo de Estados Unidos explica que, para establecer las distintas posibilidades de reglamentación compatibles con la Constitución Federal, habría que dividir el período normal de embarazo de la mujer en tres trimestres susceptibles de diferente regulación de ley. Así las cosas, la norma establecida en Roe v. Wade es la siguiente[4]:
     En cuanto al primer trimestre consideró que el interés importante y legítimo del Estado respecto a la salud de la madre no alcanza su preponderancia hasta aproximadamente al final del primer trimestre. Consiguientemente reconoció que el médico que atiende a la mujer embarazada queda en libertad durante ese trimestre de hacer la determinación de terminar el embarazo, en consulta con ella, y usando su juicio médico sin la intervención del Estado.  Esto es, la mujer no necesita la anuencia del Estado pero sí un médico que apruebe su decisión.
     Pasado el punto en que el Estado adquiere interés preponderante, o sea, durante el segundo trimestre del embarazo, el Estado puede, en su legítimo interés en la protección y preservación de la salud materna, reglamentar el procedimiento de aborto siempre y cuando que la regulación tenga una relación razonable con tal propósito.
     En la etapa del último trimestre de preñez, en la que se reconoce interés del Estado en la protección de la potencialidad de vida humana, puede regularse y hasta prohibirse el aborto excepto cuando fuere necesario para la protección de la salud o vida de la madre.

       Que, a pesar de que en Roe v. Wade el Tribunal Supremo Federal resuelve que los estados pueden tener un interés apremiante de reglamentar (según la norma establecida en dicho caso), Puerto Rico es una de las jurisdicciones con la mayor perspectiva de permisibilidad ante el aborto. Ciertamente, según expone Pueblo v. Duarte, “puede afirmarse que la disposición estatutaria nuestra se cuenta entre los estatutos sobre aborto más liberales que se conocen”. 

     El Artículo 99 del Código Penal establece que “toda mujer que procure de cualquier persona alguna medicina, droga o sustancia, y la tome, o que se someta a cualquier operación o a cualquier otra intervención quirúrgica o a cualquier otro medio, con el propósito de provocarse un aborto excepto el caso de que fuere necesario para salvar su salud o su vida conforme a lo dispuesto en el Artículo 98 de este Código, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.”  Sin embargo, lamentablemente, este artículo se ha convertido en letra muerta.  Esto siendo el caso que, aunque la salud o la vida de la madre no se encuentre amenazada, el aborto se efectúa por la mera solicitud de la madre.  

     Ciertamente, estas violaciones soslayan el propósito de la ley, burlando la exigencia constitucional que demanda una razón terapéutica para la conservación de la salud o vida de la embarazada y la legislación que requiere el consentimiento informado de ésta antes de abortar.

     Por su parte, la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores[5], en adelante “Ley 246”, establece que los menores tienen derecho a la vida, a un ambiente sano y a una buena calidad de vida.  Tanto nuestra ley, como la normativa federal aplicable, coinciden en la importancia de proteger la dignidad y el goce de los derechos de los menores. En efecto, el derecho a una buena calidad de vida debe incluir las condiciones necesarias que les aseguren a los menores de edad su cuidado médico, la protección y el acceso a los servicios de salud adecuados. 

   Por su parte, la patria potestad es el derecho que tienen los padres y madres de criar, cuidar y custodiar a sus hijos y la obligación de los padres de proveer alimentos, tenerlos en su compañía, educarlos, e instruirlos conforme a su fortuna y representarlos en acciones. Art. 153 del Código Civil[6].   El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto “que la patria potestad comprende el conjunto de derechos y deberes más amplio que tienen los padres respecto a la persona y los bienes de sus hijos no emancipados, entre los cuales se encuentra el deber de convivir con los hijos, alimentarlos en su mesa, educarlos, guiarlos y representarlos”[7].  En efecto, el deber de alimentar a los hijos, según las obligaciones de la patria potestad, incluyen el deber de proveer todo lo indispensable para el sustento, la habitación, el vestido y la asistencia médica.[8]

            El derecho a la patria potestad requiere, igualmente, que los padres otorguen consentimiento para que sus hijos reciban tratamientos médicos, operaciones, medicinas, o cualquier intervención quirúrgica. La ley aplicable establece que, para cualquier intervención médica, se requiere el consentimiento de cualesquiera de los padres con patria potestad o tutor del menor no emancipado.  De hecho, la Ley 217 del año 2012 establece que, como único un personal médico de emergencias cualificado no se le impondrá responsabilidad civil o criminal al atender al menor sin autorización de sus padres, es cuando el evento sea una emergencia médica de vida o muerte, y donde debido a la inminencia o gravedad de la situación médica no se pueda obtener el consentimiento de cualesquiera de los padres. Ante el análisis anterior, es evidente la importancia que el Estado ha brindado históricamente a la patria potestad y la importancia del consentimiento de los padres ante cualquier tratamiento médico que se ofrezca a su hijo menor de edad. 

     En síntesis, un menor necesita el consentimiento de sus padres antes de ir a ser evaluado por un dentista o un oftalmólogo.   No obstante, resulta preocupante que, en Puerto Rico hoy día, una menor pueda comparecer a una clínica de abortos a terminar un embarazo, sin el debido consentimiento de los padres.   

     Nuestra preocupación es una genuina, la cual han tenido legisladores en otras jurisdicciones igualmente. En efecto, hoy, más de la mitad de las jurisdicciones en Estados Unidos requieren algún tipo de evidencia de notificación previa a los padres o, en la alternativa, un consentimiento expreso de éstos, antes de que un profesional médico realice una terminación de embarazo a una menor. 

     No estamos ajenos al debate que existe en cuanto a si un adolescente tiene la capacidad para decidir si quiere abortar, y que esa sea una decisión racional e independiente. No obstante, es de conocimiento general que el cerebro de los adolescentes no está capacitado para tomar decisiones informadas que tengan en cuenta las consecuencias inmediatas y de largo alcance. La American College Of Pediatricians[9] ha expresado que la investigación en neurociencia señala que el área del cerebro involucrada en el pensamiento crítico y la toma de decisiones no alcanza la madurez completa hasta principios y mediados de los veinte. Harto es conocido que los adolescentes son más propensos a actuar de manera impulsiva y orientados a sus objetivos inmediatos, sin medir consecuencias.  

     Las consecuencias médicas, emocionales y psicológicas del aborto no son cualquier cosa. Los efectos post aborto podrían ser graves y duraderos, especialmente cuando el paciente es inmaduro.  Por tanto, no se puede menospreciar la necesidad del consentimiento de los padres ante un aborto.  En este contexto, la terminación de un embarazo es un asunto médico, el cual, debería ser consentido por los padres, ante la incapacidad jurídica que tienen los menores.

    Igualmente, resulta determinante aclarar que esta ley tampoco puede ser tratada como una justificación para forzar u obligar a una menor que no quiere realizarse un aborto, simplemente porque los padres así los desean.   El espíritu de esta ley dista de esta interpretación diametralmente, siendo el caso que la protección de los menores, y la vida son la prioridad en nuestra Ley 246- 2011, según enmendada. El maltrato a un menor significa “todo acto u omisión intencional en el que incurre el padre, la madre o persona responsable del menor de tal naturaleza que ocasione o ponga a éste en riesgo de sufrir daño o perjuicio a su salud e integridad física, mental y/o emocional, incluyendo abuso sexual, o la trata humana según es definido en esta Ley”. Por tanto, el obligar a una menor a realizarse un aborto en contra de su voluntad la pone en peligro de sufrir un daño físico o emocional, debe ser considerado un delito, de los tipificados como maltrato en la Ley 246-2011.

    Si la menor no cuenta con nadie que le autorice el consentimiento requerido, y ésta tiene la madurez para tomar la decisión de abortar, entonces esta Asamblea Legislativa no puede conceder un veto absoluto con respecto a la decisión de la menor[10].  Atendiendo este extremo, incluimos en este proyecto, un procedimiento judicial expedito para la menor embarazada, que le brinda la oportunidad de demostrar al juzgador tener la madurez intelectual suficiente para tomar la decisión de terminar con su embarazo, haciendo entonces innecesario el consentimiento de: Padre o madre que obstente la patria potestad; o el tutor legal o custodio legal de la menor; o un abuelo con quien la menor ha estado viviendo durante al menos seis meses inmediatamente anterior a la fecha del consentimiento por escrito de la menor.

     El consentimiento aquí requerido tiene el propósito específico de crear una distinción entre pacientes mayores o menores de edad para los propósitos del juicio clínico requerido del médico, según establecido en el Artículo 98 del Código Penal de Puerto Rico[11].

       El prohibir que un médico realice un aborto a una menor sin el consentimiento aquí requerido, no crea derechos nuevos, sino todo lo contrario.  Este proyecto de ley tiene el fin de armonizar la legislación vigente, al prohibir que un profesional médico o clínica de abortos realice un procedimiento de terminación de embarazo a una menor de edad, sin el consentimiento, como es requerido en cualquier otro procedimiento o tratamiento médico.

        Por último, ni la ley ni reglamento alguno en Puerto Rico especifica que el procedimiento de aborto será realizado únicamente por un médico autorizado a ejercer en Puerto Rico.  El Artículo 98 del Código Penal especifica que la indicación terapéutica requerida para la realización del aborto, debe ser realizada por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico. Sin embargo, no especifica que será un médico licenciado a ejercer medicina en Puerto Rico el único autorizado a realizar el aborto.   Alarmantemente, miles de mujeres se pueden ver sometidas a procedimientos de abortos en Puerto Rico realizados por practicantes o enfermeros(as) sin ningún tipo de preparación gineco-obstétrica formal alguna, poniendo así en peligro su vida. 

       Ante este cuadro, resalta la necesidad imperiosa que tiene esta Asamblea Legislativa de reglamentar lo relativo al aborto, para proteger la salud de la mujer, promover la protección de la vida humana, y a su vez, reafirmar los intereses apremiantes del Estado.   

     Como bien ha reconocido nuestro Honorable Tribunal Supremo, en cuanto a los últimos dos trimestres del periodo del embarazo, la norma federal establece que el Estado puede ser más estricto.   Hasta hoy, nuestra legislación resulta ser más laxa que el criterio adoptado en Roe v. Wade.  Estados como Arkansas, Arizona, Illionois, Massachusets, North Dakota, New York, y muchos otros reglamentan el aborto, a fines de proteger la vida de la madre y preservar la vida del bebé por nacer. Al presente, más de la mitad de las jurisdicciones en los Estados Unidos reglamentan el aborto los últimos dos trimestres del embarazo en protección de intereses apremiantes del Estado, habiéndose unido Iowa en las últimas semanas.  Por tanto, ante este vacío en nuestra legislación, ya es hora de actuar. Corresponde a esta Asamblea Legislativa la tarea de adoptar reglamentación, según su mejor criterio, conducente a la protección del derecho a la intimidad y la salud de la mujer, así como  la preservación de la vida.

     Con esta ley de avanzada, nos unimos a la mayoría de las jurisdicciones en Estados Unidos,  al aprobar legislación que  reglamenta con el propósito de proteger la vida humana no nacida y la salud materna, dentro de los límites constitucionales.

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

            Artículo 1.- Esta Ley se denominará “Ley para la protección de la mujer y la preservación de la vida”.

            Artículo 2.- Consentimiento Informado

 Las organizaciones que prestan servicios de salud en Puerto Rico serán responsables de informar a sus pacientes, familia o representantes, los derechos y responsabilidades que le asisten como paciente[12]. En persecución del cumplimiento de esta norma, queda establecido en esta ley que ningún médico deberá realizar un aborto a menos que certifique por escrito que la mujer le dio su consentimiento informado. 

     El consentimiento informado significará, para efectos de esta ley, el consentimiento voluntario al aborto por parte de la mujer sobre la que el aborto ha de realizarse o inducirse, siempre que:

            a. Al menos cuarenta y ocho (48) horas antes del aborto, el médico que realiza el aborto  informe a la mujer lo siguiente:

                        (1) El nombre del médico que realizará el aborto;

                        (2) El aborto terminará la vida de un ser entero, separado y único.

                        (3) Los riesgos médicos particulares asociados con el método del aborto correspondiente y los procedimientos que debe emplearse,  cuando sean médicamente necesarios, y los riesgos de infección, hemorragia, peligro en embarazos posteriores e infertilidad;

                        (4) La edad gestacional probable del feto en el momento del aborto a realizar; y

                        (5) Los riesgos médicos asociados con el embarazo a término.

            b. Al menos cuarenta y ocho (48) horas antes del aborto, el médico que realiza el aborto debe explicar a la mujer lo siguiente:

                        (1) Que los beneficios de asistencia médica pueden estar disponibles para la atención prenatal, el parto y la atención neonatal.

                        (2)Entregar y explicar los  materiales informativos que serán preparados por el Departamento de Salud, que contendrán información objetiva que describa los diferentes tipos de cirugía y métodos de aborto inducidos por drogas, así como los efectos a corto y largo plazo, los riesgos médicos comúnmente asociados con cada método de aborto, incluyendo el riesgos de infección, hemorragia, perforación o ruptura cervical o uterina, peligro de embarazos posteriores, el posible mayor riesgo de cáncer de mama, los posibles efectos psicológicos adversos asociados con un aborto, y los riesgos médicos asociados con llevar a un embarazo a término.  Estos materiales deben estar disponibles por escrito, sin costo por parte del Estado, previa solicitud e, igualmente, deben estar disponibles en el sitio web del Departamento de Salud.

                        (3) Que el padre debe ayudar en el sostenimiento de su hijo, incluso en instancias en las que el padre ha ofrecido pagar el aborto; y

                        (4) Que ella es libre de retener o retirar su consentimiento para el aborto en cualquier tiempo.

             c. La mujer debe certificar por escrito, antes del aborto, que la información descrita en las secciones anteriores y los materiales informativos, le han sido provistos. Antes de la realización del aborto, el médico o el agente del médico debe recibir una copia de la certificación escrita y archivarla en el expediente médico.

            d. El médico o la clínica, hospital o instalación no podrá haber recibido u obtenido pago por el servicio brindado a una paciente que ha preguntado sobre un aborto o ha programado un aborto, antes del período de cuarenta y ocho (48) horas requerido por este Artículo. Si la mujer se arrepiente de abortar, cualquier pago realizado, le será devuelto en su totalidad.

            e. Toda persona que incurra en violación a este Artículo, incurrirá en delito menos grave, pero se le impondrá pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 3. Viabilidad del feto y definición de Emergencia Médica

Después del período de embarazo cuando se espera que el feto haya alcanzado la viabilidad, no será permitido el aborto.  La única excepción a este Artículo es que el aborto sea necesario para preservar la vida de la mujer en caso de emergencia médica, o porque la continuación de su embarazo le impondrá un riesgo sustancial de grave deterioro de su salud física o mental.   Para los fines de esta ley, “emergencia médica” significará una condición que, según un juicio médico razonable, complica la condición médica de la mujer embarazada y que necesita una aborto inmediato para evitar un serio riesgo de deterioro físico sustancial e irreversible de las funciones de cuerpo. Emergencia médica no incluye condiciones psicológicas o emocionales.

Toda persona que realice un aborto a una mujer en violación a este Artículo, incurrirá en delito menos grave, pero se le impondrá pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 4. Medicamentos para inducir el aborto

Toda mujer embarazada a quien un médico da, vende, dispensa, administra, o de lo contrario, proporcione o prescriba cualquier medicamento para inducir el aborto, debe ser provisto con una copia de la etiqueta del medicamento.  Cada embarazada a quien un médico da, vende, dispensa, administra, prescribe, o de lo contrario, proporciona cualquier medicamento para inducir el aborto debe proporcionarse el nombre y número de teléfono del médico y el hospital en el que se manejarán todas las emergencias. El médico que se contrata para manejar emergencias debe tener privilegios de admisión activa y servicios ginecológicos y quirúrgicos en el hospital designado para manejar cualquier emergencia asociada con el uso o ingestión del medicamento inductor del aborto.

Toda persona que no cumpla con lo requerido en este Artículo, incurrirá en delito menos grave, pero se le impondrá pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.

            Artículo 5. Notificación y Advertencia de Derechos

Cualquier instalación, consultorio médico o clínica que realice abortos, deberá mostrar letreros que contengan exclusivamente las siguientes palabras:

"AVISO: Nadie puede obligarla a tener un aborto. Es contra la ley para un cónyuge, un novio, un padre o madre, consejero, un amigo, un proveedor de atención médica o cualquier otra persona,  de alguna manera le obligue a tener un aborto ".

Los letreros deben ubicarse de modo que puedan leerse fácilmente y en áreas que garanticen la máxima visibilidad para las mujeres, en el momento en que dan su consentimiento para un aborto.
La exhibición de carteles de acuerdo con este Artículo no releva a la clínica o instalaciones en donde se realicen abortos, de cualquier otra obligación u deber legal.
El Departamento de Salud preparará un modelo de estos carteles, y los hará disponibles para descargar en un formato imprimible en su sitio web de Internet.

Cualquier oficina médica, instalación u hospital que realice abortos e incumpla con lo requerido en este Artículo, responderá criminalmente y le será impuesta una multa de $5,000.00 diarios, desde notificada la multa. La persona encargada del cumplimiento legal de la oficina médica,  instalación u hospital, responderá personalmente por su incumplimiento con lo dispuesto en este Artículo e incurrirá en delito menos grave.

            Artículo 6.  Aborto en Hospital Autorizado

Después de las primeras doce semanas de embarazo, pero antes de que se pueda esperar razonablemente que el feto haya alcanzado la viabilidad, no se puede realizar un aborto en ninguna instalación que no sea un hospital autorizado.

Cualquier oficina médica, instalación u hospital no autorizado que realice abortos e incumpla con lo requerido en este Artículo, responderá criminalmente y le será impuesta una multa de $10,000.00 por incumplimiento. La persona encargada del cumplimiento legal de la oficina médica,  instalación u hospital no autorizado, responderá personalmente por dicho incumplimiento con lo dispuesto en este Artículo e incurrirá en delito menos grave. Cualquier médico o individuo que realice un aborto en contra de lo dispuesto en este Artículo, incurrirá en delito menos grave.

            Artículo 7. Ofrecimiento de ultrasonido

Ninguna instalación, oficina médica o clínica u hospital puede realizar un aborto a una mujer, sin antes ofrecerle a la paciente una oportunidad de recibir y ver en la instalación donde se realizará el aborto, u otra instalación, un ultrasonido de su embarazo.

     (a) La oferta y la oportunidad de recibir y ver una ecografía debe realizarse al menos cuarenta y ocho (48) horas antes de que se programe el aborto.

     (b) La imagen de ultrasonido activa debe ser de una calidad consistente con el estándar práctica médica en la comunidad, contiene las dimensiones del feto, y retratar con precisión la presencia de miembros externos y órganos internos, incluidos el latido del corazón, si está presente o visible, del niño por nacer. La auscultación del feto el tono del corazón debe ser de una calidad consistente con la práctica médica estándar en la comunidad. La instalación de aborto, clínica o consultorio médico, u hospital,  documentará la respuesta de la mujer a la oferta, incluyendo la fecha y hora de la oferta y la firma de la mujer que acredita decisión informada.

     (c) Si un médico o cualquier persona realiza un aborto sin cumplir con las disposiciones de este Artículo, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de un año. Además, será responsable por los daños y perjuicios causados por su actuación delictiva.

            Artículo 8. Prohibición de Aborto para elegir el sexo o por anomalía genética

Un médico no puede realizar intencionadamente o intentar realizar un aborto sabiendo que la mujer embarazada está buscando el aborto, únicamente a causa del sexo del niño por nacer; o debido a que el niño por nacer ha sido diagnosticado con una anomalía genética un potencial para una anormalidad genética. Cualquier médico o persona que realice un aborto en violación de este Artículo, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años.

            Artículo 9. Prohibición de aborto luego de las veinte semanas

El interés legislativo de este Artículo es proteger el interés apremiante del estado en los no nacidos y la vida humana desde el momento en que el niño por nacer es capaz de sentir dolor.  A este fin, excepto en el caso de una emergencia médica, ninguna persona puede realizar o inducir o intentar realizar o inducir un aborto a una mujer cuando se haya determinado, por el médico que realiza o induce o intenta realizar o inducir el aborto, que la edad probable del feto de la mujer es de veinte o más semanas.

Cualquier oficina médica, instalación u hospital que incumpla con lo requerido en este Artículo, responderá criminalmente y le será impuesta una multa de $10,000.00.  La persona encargada del cumplimiento legal de la oficina médica, instalación u hospital no autorizado, responderá personalmente  por dicho incumplimiento con lo dispuesto en este Artículo e incurrirá en delito menos grave. Cualquier médico o individuo que realice un aborto en contra de lo dispuesto en este Artículo, incurrirá en delito grave, con pena de fija de quince años.

            Artículo 10.  Abortos en menores de edad

Ningún médico con licencia para practicar medicina en Puerto Rico, podrá realizar un aborto de una menor no emancipada a menos que el médico o agente del mismo, obtenga el consentimiento por escrito del menor y de:

             (1) Padre o madre que obstente la patria potestad; o

             (2) El tutor legal o custodio legal de la menor; o

            (3) Un abuelo con quien la menor ha estado viviendo durante al menos seis meses inmediatamente anterior a la fecha del consentimiento por escrito de la menor.

     a. El consentimiento escrito requerido por este Artículo  deberá ser firmado en la instalación donde el aborto será realizado o juramentado ante un notario público.

La persona que firma el consentimiento debe presentar identificacion expedida por el Estado Libre Asociado con foto.
El médico deberá retener en los registros médicos del menor una copia de la evidencia documental provista al médico, por la cual determinó que el adulto que brindó su consentimiento era, en efecto, de los cualificados en este Artículo.

Cualquiera que realice un aborto a una menor en violación a lo establecido en este Artículo, incurrirá en delito menos grave.

     b. La menor embarazada puede solicitar, ante un tribunal de justicia de la jurisdicción en donde ella resida, que un Juez emita Resolución permitiéndole abortar sin el consentimiento requerido en este artículo, si demuestra que ninguna de las personas cuyo consentimiento debe obtenerse, se encuentra disponible o, de estar disponible, se niegan a dar consentimiento.

El Juez podrá nombrar un procurador para la menor, de ser necesario. 
El Juez deberá atender el caso dentro de diez días laborables y emitir Resolución resolviendo todos los asuntos, en un término no mayor de diez días, luego de la vista en sus méritos.
El expediente judicial deberá mantenerse confidencial, a los efectos de proteger la identidad de la menor. A este fin, el Juez deberá preservar el nombre de la menor y su identidad en anonimato, emitiendo toda orden necesaria a las partes, testigos y abogados que participen del procedimiento judicial. Esto incluirá, de ser necesario, excluir personas de la sala, en la medida necesaria para salvaguardar su identidad de la divulgación pública.

         c. Nada en esta ley se puede interpretar a los fines de evitar la ejecución inmediata de un aborto en una menor, en caso de una emergencia medica donde tal acción es necesario para preservar su vida.

          d. Ningún padre o madre, custodio encargado del bienestar de la menor, o persona alguna, incluyendo el padre de la criatura, podrá obligar ni compeler, mediante el uso de la fuerza, amenaza, violencia física o emocional, a una menor embarazada a someterse a un aborto. Cualquier persona que obligue a una menor embarazada a someterse a un aborto, incurrirá  en  delito grave;  será condenado al pago de los daños y perjuicios causados a la víctima por el aborto ilegal realizado. 

            Artículo 11. Niño sobreviviente del aborto

Una persona es culpable de un delito grave si, consciente o negligentemente, causa la muerte de un niño nacido vivo.  
Si el niño por nacer sobrevive al aborto, será responsabilidad del médico el informar a la madre y darle la opción de:

asumir la custodia y patria potestad del niño nacido o
ceder la custodia y renuncia a la patria potestad del niño nacido, para que éste sea puesto bajo los cuidados de una agencia de adopción, tan pronto como el médico determine que el recién nacido se encuentra en buen estado de salud.
Cualquiera que sea la decisión de la madre, será documentada por escrito. El Departamento de Salud estará encargado de preparar una forma para cumplir con los fines de este Artículo.  
Cualquiera que violente lo dispuesto en la sección (b) incurrirá en delito menos grave.

            Artículo 12. El Departamento de Salud será responsable de recolectar información de todo aborto realizado en la jurisdicción de Puerto Rico, solicitar y recibir informes de cumplimiento por parte de los centros, oficinas médicas u hospitales e instalaciones que realicen abortos,  informes de datos de aborto, informes de complicaciones y reacciones adversas; informes de niños que sobreviven el aborto y cualquier caso de mal practice o negligencia médica, ya sea real o potencial,  que haya surgido al realizar la terminación de embarazo.

El Departamento de Salud tiene la tarea de recopilar y evaluar todos los datos y crear  informes, los cuales  publicará anualmente con fines estadísticos y que estén basados en los datos de abortos realizados en el año calendario anterior.  Estos informes no contendrán los nombres de las pacientes.  Todos los informes de cumplimiento recibidos por el Departamento de Salud serán registros públicos. Excepto que medie orden judicial, el Departamento no puede revelar un informe de cumplimiento del aborto sin eliminar primero cualquier identificador individual, información de salud y cualquier otra información demográfica. La información e identidad de la mujer deberá permanecer confidencial en todo momento.

El Departamento de Salud deberá referir al Departamento de Justicia cualquier aparente  violación de este capítulo.

            Artículo 13. Toda ley, parte o referencia de ley que esté en conflicto con lo dispuesto en la presente Ley, quedan derogadas o enmendadas.

            Artículo 14.- Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

            Artículo 15. Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.


[1] 111 DPR 417 (1981)

[2] 410 U.S. 113 (1973)

[3] Pueblo v. Duarte Mendoza,  109 D.P.R. 596 (1980)

[4] Segun surge del caso Pueblo v. Duarte Mendoza, Id. 3

[5]  2011 LPRA 246

[6] 31 LPRA 601

[7] Véase Chévere v. Levis, 152 DPR 492 (2000), 2000 TSPR 161 (1993); Torres, Ex parte, 118 D.P.R. 469, 473 (1987)

[8] Art. 142 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 561.

[9] Parental Involvement and Consent for a Minor’s Abortion, American College of Pediatricians – Mayo, 2016

 

[10] Planned Parenthood of Central Missouri v. Danforth, 428 U. S. 52, 72-75 (1976); Pueblo v. Duarte Mendoza, 1 109 D.P.R. 596 (1980)

[11] Artículo 98.- Aborto. Toda persona que permita, indique, aconseje, induzca o practique un aborto, o que proporcione, facilite, administre, prescriba o haga tomar a una mujer embarazada cualquier medicina, droga o sustancia, o que utilice o emplee cualquier instrumento u otro medio con el propósito de hacerla abortar; y toda persona que ayude a la comisión de cualquiera de dichos actos, salvo indicación terapéutica hecha por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico, con vista a la conservación de la salud o vida de la madre, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.”

 

[12] Reglamento 8808 del Departamento de Salud, 2016